Moncloa contrata un nuevo servicio de maquillaje para Sánchez tras las críticas sobre su imagen

La imagen también gobierna. Y en los últimos meses, la de Pedro Sánchez no ha atravesado su mejor momento. Más allá del desgaste político, varias intervenciones públicas del presidente han ido acompañadas de comentarios sobre su aspecto físico: tono apagado, gesto más tenso, maquillaje irregular bajo focos exigentes. Por este motivo, el Ministerio de Presidencia ha adjudicado un nuevo contrato para prestar “servicios especializados de imagen personal para las comparecencias y actos públicos” del Gobierno. El expediente, tramitado como contrato menor y publicado el pasado 17 de febrero, contempla un importe total de 15.427,5 euros por un periodo de seis meses. La adjudicataria vuelve a ser Ana Renedo Domingo, profesional que lleva años vinculada a la imagen pública del Ejecutivo, tanto en la etapa de Mariano Rajoy como en la de Pedro Sánchez. El contrato incluye servicios de peluquería y maquillaje —según la clasificación oficial CPV— y cubre las intervenciones necesarias en ruedas de prensa, comparecencias y actos institucionales organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación. La renovación del servicio no se produce en el vacío. Llega después de que en la rueda de prensa de Sánchez tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán desatara una oleada de comentarios en redes sociales y medios sobre su apariencia. Más allá del contenido político de su intervención, el debate se centró en el maquillaje aplicado: varios analistas señalaron un uso marcado del contouring, con sombras pronunciadas en las mejillas que, según algunos expertos en imagen, proyectaban un gesto más sombrío o fatigado. La polémica reabrió un debate recurrente desde 2020: cuánto cuesta a los contribuyentes el cuidado estético del presidente y su equipo. Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el gasto acumulado en contratos de peluquería y maquillaje supera los 247.000 euros, según el recuento de adjudicaciones publicadas en los últimos años. El primer contrato bajo el actual Ejecutivo ascendió en 2021 a unos 19.500 euros. En 2022 se firmó un nuevo acuerdo que superaba los 30.000 euros por unas 119 sesiones. En julio de 2024 se adjudicó otro contrato valorado en 41.810 euros, que incluía cerca de 190 intervenciones a lo largo de un año, tanto en Moncloa como en desplazamientos oficiales. El coste medio por sesión oscilaba entre los 206 y 331 euros, dependiendo del lugar de prestación del servicio. El contrato ahora adjudicado —15.427,5 euros por seis meses— se sitúa por debajo de esa última cuantía anual, pero consolida una línea de gasto que el Ejecutivo defiende como parte de su estrategia de comunicación institucional. Desde Moncloa sostienen que la imagen pública forma parte del mensaje político y que la exposición constante ante cámaras, focos y retransmisiones en alta definición exige un tratamiento profesional. No obstante, el debate no es nuevo. Ya en 2021 la contratación de estos servicios generó controversia parlamentaria y preguntas formales en el Congreso. En aquel momento, la diferencia radicaba en el procedimiento: la nueva Ley de Contratos del Sector Público obligaba a sacar a concurso servicios que superaran los 15.000 euros, frente al anterior límite de 18.000. Hasta entonces, varios de estos encargos se habían tramitado como contratos menores. Ana Renedo, la profesional que vuelve a resultar adjudicataria, ha sido una constante en estos procesos. En 2017 y 2018 prestó el mismo servicio bajo el Gobierno de Rajoy. En 2021 se presentó al procedimiento abierto y resultó propuesta como adjudicataria al presentar la oferta económica más ventajosa. En aquel momento, sus tarifas eran de 140 euros por sesión en Madrid y 180 euros fuera de la capital. En 2022, las cantidades ascendían a 135 euros por sesión en Madrid y 160 fuera, según la documentación contractual. El nuevo contrato mantiene la fórmula de adjudicación como contrato menor y no está sujeto a regulación armonizada. Se recibieron dos ofertas y la adjudicación se formalizó el 30 de enero de 2026. El valor estimado del contrato asciende a 14.719,54 euros y el presupuesto base de licitación era de 15.427,5 euros. El Ejecutivo insiste en que estos servicios no se limitan al presidente. Vicepresidentas, ministros y otros cargos que comparecen ante los medios también pueden hacer uso del equipo de imagen. La defensa oficial es que en un entorno mediático dominado por la imagen, la preparación estética es tan parte del engranaje institucional como el equipo técnico de sonido o iluminación.